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Prensa 2017-03-18T18:54:57+00:00

Mujeres afros del Cauca no van más en mesa contra minería ilegal

En las últimas horas se conoció que lideresas afro del norte del departamento del Cauca decidieron abandonar la mesa contra la minería ilegal instalada en Bogotá el año anterior. Están molestas porque consideran que el Gobierno Nacional incumplió los acuerdos.

El primero de diciembre pasado en La Casa Giralda, de Bogotá, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con las Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca. Las partes llegaron a un acuerdo donde el Gobierno se comprometía a ‘adoptar medidas con el objetivo de erradicar la minería ilegal en el departamento del Cauca y a brindar las garantías de seguridad, prevención y protección de las lideresas, sus familias y las comunidades donde existirá intervención”.

Francia Márquez, una de las lideresas, quien fue blanco de amenazas que generaron su salida del municipio de Suárez, al noroccidente caucano, hace ya unos meses, dijo que no volverán a la mesa hasta que sean atendidas por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

“Nos levantamos de la mesa donde el Gobierno había establecido una serie de acuerdos en materia de la protección de los derechos de las comunidades negras que hemos venido sufriendo el flagelo de la minería no solo ilegal, también inconstitucional. El Gobierno ha venido entregando títulos de explotación minera violando el debido proceso de la consulta previa al que tenemos derecho”, dijo la vocera de la comunidad.

El movimiento del que hace parte Márquez, junto a voceras y voceros de otras zonas del Cauca, tiene como fin expulsar de sus territorios el flagelo de la minería ilegal, pero luego de cuatro meses de esperar acciones concretas desistieron de continuar, por ahora, en la mesa.

Reclaman medidas urgentes para poner fin a intimidaciones, persecuciones a voceros y desplazamientos forzados.

Fuente: El Tiempo
Autor: El Tiempo
Fecha: 30 de abril de 2015

Clamor caucano contra la minería ilegal

Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.

El par de párrafos, que habían llegado por un mensaje de texto y estaban firmados por las Águilas Negras, también mencionaban como blanco a Sabino Lucumí Chocó, presidente del Consejo Comunitario, y a los líderes Eduar Mina, John Jairo Valverde y Francia Márquez. Era una advertencia más en medio de las muchas que han recibido en los últimos meses los pobladores de Suárez por oponerse a la minería ilegal. Una actividad que este fin de semana unió en una protesta a indígenas nasas, campesinos y pueblos afros.

“Hicimos una minga en defensa del territorio, del río Ovejas, porque la minería está destruyendo lo que es nuestro. Es una marcha en solidaridad con los pobladores de Suárez y Buenos Aires. Ellos han tenido que ver cómo desplazan a 17 familias y cómo el río, que es donde también nosotros pescamos, empieza a contaminarse. Nos unimos para de una vez por todas proteger nuestros recursos”.

Quien habla es Andrés Almendra, uno de los líderes nasa del territorio ancestral Sat Tama Kiwe. Él, junto con integrantes del resguardo de la laguna de Siberia y otros cinco resguardos indígenas más, organizó esa caminata de tres días que arrancó el viernes en la vereda Puente Real, en la vía Panamericana, y desembocó ayer en Suárez y Buenos Aires, al norte del Cauca. Su iniciativa no es más que un intento por poner fin a un problema que empezó a afectar a las comunidades afros en agosto de 2014 y que pese a innumerables reuniones con las autoridades, nadie ha podido contener.

Desde entonces la región se ha llenado de acentos paisas, cachacos y pastusos que no dejan de preguntar por el oro. Para encontrarlo han invadido con varias retroexcavadoras —y con metrallas y amenazas— el río Ovejas. Su insistencia ha hecho que el Cauca se convierta en un epicentro minero. Como lo reportó en abril de 2014 la Universidad Javeriana (Cali), en el informe “Contexto minero colombiano y regional del norte del Cauca”, a 2012 se habían otorgado 241 títulos para explorar 350 mil hectáreas. Otras 652 solicitudes estaban en marcha. Esa cantidad comprometía el 50% del departamento.

Los intentos para alejar esas máquinas, que han removido las tierras y han menguado la pesca, no han sido pocos. Por ejemplo, el 1° de octubre el Consejo Comunitario de La Toma se reunió con la Gobernación, la Defensoría, la Alcaldía y los ministerios de Minas, Interior y Medio Ambiente, para evitar que el panorama de Chocó y del norte antioqueño se empezara a replicar en su territorio. Las promesas, cuentan, quedaron en veremos.

En ese mismo estado han permanecido los compromisos que lograron firmar con los mismos ministerios el 11 y 12 del pasado diciembre en Bogotá. Aquella vez 60 mujeres y 26 integrantes de la Guardia Cimarrona viajaron hasta la capital en un intento desesperado por hacer cumplir los pactos. Las amenazas, le dijo por esos días a El Espectador Francia Márquez, “nos están agobiando. Ellos nos están quitando nuestros recursos para la pesca y la minería artesanal”.

Pero en palabras de Charo Mina, otra líder de la comunidad afro, muy poco se ha cumplido. “Ya han pasado dos meses desde esos acuerdos y aún no hay resultados. Las autoridades se comprometieron a hacer operativos de desmantelamiento de la minería ilegal, a promover reparaciones para nuestros barequeros y a cumplir la sentencia T-1045A de 2010 que los obliga a suspender la actividad minera. Pero nada se ha hecho y la respuesta del Ministerio del Interior ha sido esquiva. Ahora resulta que ya tenemos desplazamiento forzado y más amenazas. Por todo eso es que se ha hecho esta minga, que no es más que una acción de solidaridad interétnica promovida por los indígenas”, dice Mina.

Este último recurso llega después de que varios académicos se sumaran a la voz de protesta. Con una carta dirigida al presidente Santos en 2014 habían advertido el inminente riesgo. “Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico. Nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas”, escribían investigadores del Instituto Pensar, del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, del Instituto de Estudios Ambientales de la U. Nacional, del Instituto de Bioética de la Javeriana y del Observatorio de Expansión Minera y Resistencias.

De hecho, en un informe del pasado 29 de enero, la Defensoría del Pueblo ratifica lo contado por Mina, Márquez y Almendra. “Funcionarios —se lee en el documento— evidenciaron la destrucción que sufren los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó, cuyo cauce ha sido desviado. Sus aguas están profundamente contaminadas por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas. Asimismo, la Defensoría tuvo conocimiento sobre nuevas amenazas contra líderes sociales, sentenciándolos a morir si insisten en oponerse a la minería ilegal”.

Sin embargo, para Maritza Mosquera, directora de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Mininterior, “esta cartera ha estado muy atenta a cumplir los compromisos pactados. El 22, 23 y 24 enero viajamos a Suárez para concertar una ruta metodológica. Pero fue difícil llegar a un acuerdo porque la comunidad nos pide más de 40 reuniones en la primera fase. Nosotros tenemos más un papel de coordinador con las otras instituciones para que cumplan”.

Y uno de los que más responsabilidad tiene es el Minminas, que debe hacer, entre otras cosas, un censo de mineros artesanales y suspender los títulos otorgados. El Espectador intentó contactarse sin éxito con alguno de sus voceros.

Pero Aída Quiñones, profesora de la Javeriana, integrante del Observatorio de Expansión Minera y quien ha acompañado a las mujeres caucanas en este largo proceso, ve el tema con otro ojos. “Las respuestas de las autoridades han sido inocuas, vacías. La Policía sí ha hecho operativos, pero también ha puesto en riesgo a los pobladores. Cada vez que los hacen aparecen más amenazas. No hay un operativo integral ni un seguimiento”, asegura.

Ese último, justamente, ha sido uno de los mayores inconvenientes. Tan intermitente ha sido la intervención de las autoridades, que el 29 de diciembre la población decidió confrontar a los mineros ilegales y sacar las retroexcavadoras con sus manos. “Pero eso —cuenta Charo— de muy poco sirve. Ya hay rumores de que otras 15 retros se movilizaban hacia el Ovejas. También se sabe que no demoran en llegar otras tantas a Santander de Quilichao”.

El sábado, como le contó a este diario una fuente de la Fiscalía, hubo consejo de seguridad en la zona, citado por el secretario de Gobierno municipal. Ese mismo día la Policía capturó a varios mineros ilegales. Entre el afán también se llevó por error a tres barequeros. No tuvo más remedio que liberarlos luego y pedir perdón.

Fuente: El Espectador
Autor: El Espectador
Fecha: 15 de febrero de 2015

Rondan amenazas por oposición a minería ilegal en el Cauca

Hoy no solo está en riesgo mi vida y la de mi familia, si no la vida de las comunidades afros del norte del Cauca que hemos decidido denunciar cómo la minería legal promovida por el Gobierno Nacional, y la ilegal, está generando pobreza, hambre, miseria destrucción ambiental, desplazamiento, amenazas y muerte”.

Es lo que denuncia la lideresa Francia Márquez, quien debió dejar su poblado y refugiarse en Cali ante los riesgos de alguna acción en su contra.

La Arquidiócesis de Cali dio a conocer su preocupación por la situación que afronta Márquez. En esa región caucana se advierte, en reserva, que las amenazas son extensivas a quienes se opongan a las actividades de la minería ilegal, y se incrementaron desde una marcha de mujeres del pasado 18 de noviembre hasta Cali.

“Toda nuestra solidaridad para esta líder y la situación humanitaria que se viene presentado”, dice un comunicado de Jesús Darío González Bolaños, coordinador del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis en esta ciudad.

Hasta ahora no se conoce pronunciamiento de las autoridades caucanas, aunque la Policía reporta distintos operativos con capturas y decomiso de retroexcavadoras. Las autoridades han recibido alertas sobre la presencia de ‘Los Urabeños’ hoy ‘Clan Úsuga’ y ‘Los Rastrojos’.

Márquez cuenta que en el marco de la Movilización de las Mujeres Negras por el Cuidado de la vida y de los Territorios Ancestrales, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro del Interior, se comprometió a iniciar el 4 de diciembre las acciones necesarias para erradicar la minería ilegal en el Cauca.

También a implementar las medidas de protección y reparación de los daños ambientales, sociales, culturales y económicos que ha generado la minería ilegal.

Dice que “no nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a la destrucción de la vida y los territorios ancestrales, nos oponemos a la pérdida de la soberanía alimentaria, nos oponemos a que nuestros ríos Ovejas, Cauca, Teta y Palo se envenenen con cianuro y mercurio y que hoy los caleños estén siendo envenenados sin saberlo”.

La advertencia es nueva pero hace parte de un cuadro crítico que afecta los ríos que van a caer a las aguas del río Cauca, considerado hoy la principal fuente de abastecimiento de Cali, porque surte a las plantas de tratamiento de Puerto Mallarino y Río Cauca. De hecho, los cortes del servicio de agua potable que golpean periódicamente a esta capital se atribuyen a los aumentos de turbiedad en el caudal del Cauca, por las crecientes en los ríos del norte caucano.

También a los materiales que bajan, especialmente en días de invierno, desde las laderas caleñas, por el canal CVC Sur, y que se depositan en el Cauca antes de su paso por las plantas de tratamiento en el oriente de esta capital.

La denuncia de la contaminación se suma a las actividades de minería ilegal que se han detectado en el Parque Nacional Natural Farallones. La última revisión de control en esa zona montañosa, a dos días de camino desde el área urbana de Cali, fue en septiembre pasado cuando se encontraron 61 socavones, además de 13 campamentos, en uno de los cuales se podían instalar hasta 150 personas. Han sido afectadas 136 hectáreas de páramo y otras 116 de bosque alto andino.

Frente a la minería ilegal en el norte del Cauca, la lideresa Francia Márquez se pregunta “dónde están la CVC (Corporación Autóoma Regional del Valle), la CRC (Corporación Regional del Cauca) y el Ministerio de Ambiente ejerciendo el control ambiental? Dónde está la Procuraduría ejerciendo el control disciplinario frente a los funcionarios que están omitiendo su deber?

Dónde está la Fiscalía ejerciendo las investigaciones y judicializaciones contra los múltiples delitos en el Norte del Cauca por la minería ilegal? Dónde está el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras protegiendo nuestros derechos como pueblos étnicos? Dónde está el Ministerio de Minas ejerciendo control frente a los títulos mineros…”.

Ella sostiene que los amparos administrativos sólo se aplican para sacar a las comunidades negras de sus territorios ancestrales como el caso de La Toma. Y plantea que hablar de Paz implica poner sobre la mesa estos temas.

Fuente: El Tiempo
Autor: El Tiempo
Fecha: 12 de enero de 2015

Gobierno y mujeres afro logran acuerdos sobre minería ilegal en el Cauca

Tras completar cuatro días de diálogo ininterrumpido con el Gobierno Nacional, un grupo de mujeres afrodescendientes provenientes del Cauca que ocupaba en protesta la sede del Ministerio del Interior, llegó a un primer acuerdo para actuar contra la minería ilegal en esa región.
Según confirmó el Ministerio, acordaron crear una subcomisión para abordar los puntos que conforman la solicitud de acciones inmediatas del Estado frente a la minería ilegal.

Además, se avanzó en el mecanismo para la revisión de los acuerdos pactados en las reuniones del 11 de noviembre de 2013 y 7 de mayo de 2014.
Por su parte el Gobierno “se comprometió a adelantar acciones con el objetivo de erradicar la minería ilegal en el Cauca, brindando la protección para el retorno a los territorios”.

La comisión encargada de atender las peticiones de las mujeres, estuvo conformada por los Viceministros de Minas, María Isabel Ulloa y de Ambiente, Pablo Vieira y funcionarios del Ministerio de Defensa.

Tras completar cuatro días de diálogo ininterrumpido con el Gobierno Nacional, un grupo de mujeres afrodescendientes provenientes del Cauca que ocupaba en protesta la sede del Ministerio del Interior, llegó a un primer acuerdo para actuar contra la minería ilegal en esa región.
Según confirmó el Ministerio, acordaron crear una subcomisión para abordar los puntos que conforman la solicitud de acciones inmediatas del Estado frente a la minería ilegal.

Además, se avanzó en el mecanismo para la revisión de los acuerdos pactados en las reuniones del 11 de noviembre de 2013 y 7 de mayo de 2014.
Por su parte el Gobierno “se comprometió a adelantar acciones con el objetivo de erradicar la minería ilegal en el Cauca, brindando la protección para el retorno a los territorios”.

La comisión encargada de atender las peticiones de las mujeres, estuvo conformada por los Viceministros de Minas, María Isabel Ulloa y de Ambiente, Pablo Vieira y funcionarios del Ministerio de Defensa.

Los garantes de esta concertación son el Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland; la Defensoría del Pueblo, el Padre Francisco de Roux y los senadores Iván Cepeda, Luis Evelis Andrade y Alberto Castilla, entre otros.

El motivo que llevó a estas mujeres a caminar más de 400 kilómetros desde Cauca hasta Bogotá, es el daño que la minería ilegal ha dejado en el medio ambiente, la flora, la fauna, y en su propio cuerpo, pues se han visto obligadas a abandonar sus territorios a causa de la violencia que genera esta actividad.

Tan solo en el corregimiento de La Toma, localizado en el municipio de Suárez en Cauca, es el escenario de una disputa por el control de tierras ricas en recursos naturales, incluidos los minerales como el oro. Mientras tanto, los habitantes afrontan la entrada de maquinaria para la explotación del oro, de la mano de “los Rastojos” y “las Águilas Negras” quienes tienen presencia en la zona y han amenazado a líderes y habitantes de la zona.

Malformaciones en el cuerpo, disminución en la capacidad visual o auditiva, deficiencias en los sentidos y hasta la muerte, son riesgos que se corren con esta actividad minera donde el mercurio y el cianuro, son los principales elementos utilizados para la explotación.

Los garantes de esta concertación son el Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland; la Defensoría del Pueblo, el Padre Francisco de Roux y los senadores Iván Cepeda, Luis Evelis Andrade y Alberto Castilla, entre otros.

El motivo que llevó a estas mujeres a caminar más de 400 kilómetros desde Cauca hasta Bogotá, es el daño que la minería ilegal ha dejado en el medio ambiente, la flora, la fauna, y en su propio cuerpo, pues se han visto obligadas a abandonar sus territorios a causa de la violencia que genera esta actividad.

Tan solo en el corregimiento de La Toma, localizado en el municipio de Suárez en Cauca, es el escenario de una disputa por el control de tierras ricas en recursos naturales, incluidos los minerales como el oro. Mientras tanto, los habitantes afrontan la entrada de maquinaria para la explotación del oro, de la mano de “los Rastojos” y “las Águilas Negras” quienes tienen presencia en la zona y han amenazado a líderes y habitantes de la zona.

Malformaciones en el cuerpo, disminución en la capacidad visual o auditiva, deficiencias en los sentidos y hasta la muerte, son riesgos que se corren con esta actividad minera donde el mercurio y el cianuro, son los principales elementos utilizados para la explotación.

Fuente: El Colombiano
Autor: El Colombiano
Fecha: 1 de diciembre de 2014

Mujeres del Cauca dicen no a la minería

Si todo sale como lo habían previsto, las sesenta mujeres que llegaron el martes a Bogotá desde el norte del Cauca no tendrán que quedarse más de dos semanas en la capital. En el mejor de los casos habrán logrado hablar con algún vocero de la Corte Constitucional y concretar citas con los ministerios del Interior, Minas y Medio Ambiente para repetirles lo que hace meses les vienen diciendo: que no pueden darle más largas a ese problema en que se convirtió la minería ilegal. Que ahora, como reitera Francia Elena Márquez Mina, lo que está en juego son sus vidas, “aunque también nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestros derechos como negritudes”.

Francia, como muchas de las afrodescendientes que han viajado desde esa tierra cálida y húmeda, es madre cabeza de familia. Tiene dos hijos, bordea los treinta años y desde el 17 de noviembre ha recorrido unas diez ciudades para poder llegar a la capital colombiana, donde hace dos días marcharon del Planetario a la Plaza de Bolívar. Viene, como todas, de La Toma, un corregimiento del municipio de Suárez que queda a unos cien kilómetros de Popayán. Su exigencia como representante legal del Consejo Comunitario de la zona es la misma que les hicieron a los ministerios, a la Gobernación, a la Alcaldía y a la Defensoría del Pueblo en una reunión el 1º de octubre y cuyas promesas quedaron en veremos.

“Les estamos exigiendo que retiren las retroexcavadoras que están sobre el río Ovejas. Les pedimos que cumplan la sentencia de la Corte (la T-1045A de 2010) que los obliga a suspender la actividad minera en nuestro territorio y a hacer las respectivas consultas previas. Ninguna de las dos se ha hecho y ahora tenemos miedo. Porque nos amenazan, porque dicen que no los dejamos trabajar. Pero ellos nos están quitando un recurso del que hemos vivido hace muchos años. Nosotros nos dedicamos a la pesca y a la minería artesanal”.

El temor de Francia, de sus compañeras y de los 26 hombres de la Guardia Cimarrona que viajaron con ellas para protegerlas, tiene fundamento. Poco a poco el Cauca se ha llenado de acentos pastusos, cachacos y paisas que han llegado preguntando por el oro. Su insistencia ha hecho, como lo reveló en abril el estudio “Contexto minero colombiano y regional del norte del Cauca”, de la Universidad Javeriana (Cali), que esa región se convierta en epicentro minero: a 2012 la Agencia Nacional de Minería (ANM) había otorgado 241 títulos para explorar 350 mil hectáreas. Otras 652 solicitudes estaban en marcha y ese número compromete el 50% del departamento.

Si todo sale como lo habían previsto, las sesenta mujeres que llegaron el martes a Bogotá desde el norte del Cauca no tendrán que quedarse más de dos semanas en la capital. En el mejor de los casos habrán logrado hablar con algún vocero de la Corte Constitucional y concretar citas con los ministerios del Interior, Minas y Medio Ambiente para repetirles lo que hace meses les vienen diciendo: que no pueden darle más largas a ese problema en que se convirtió la minería ilegal. Que ahora, como reitera Francia Elena Márquez Mina, lo que está en juego son sus vidas, “aunque también nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestros derechos como negritudes”.

Francia, como muchas de las afrodescendientes que han viajado desde esa tierra cálida y húmeda, es madre cabeza de familia. Tiene dos hijos, bordea los treinta años y desde el 17 de noviembre ha recorrido unas diez ciudades para poder llegar a la capital colombiana, donde hace dos días marcharon del Planetario a la Plaza de Bolívar. Viene, como todas, de La Toma, un corregimiento del municipio de Suárez que queda a unos cien kilómetros de Popayán. Su exigencia como representante legal del Consejo Comunitario de la zona es la misma que les hicieron a los ministerios, a la Gobernación, a la Alcaldía y a la Defensoría del Pueblo en una reunión el 1º de octubre y cuyas promesas quedaron en veremos.

“Les estamos exigiendo que retiren las retroexcavadoras que están sobre el río Ovejas. Les pedimos que cumplan la sentencia de la Corte (la T-1045A de 2010) que los obliga a suspender la actividad minera en nuestro territorio y a hacer las respectivas consultas previas. Ninguna de las dos se ha hecho y ahora tenemos miedo. Porque nos amenazan, porque dicen que no los dejamos trabajar. Pero ellos nos están quitando un recurso del que hemos vivido hace muchos años. Nosotros nos dedicamos a la pesca y a la minería artesanal”.

El temor de Francia, de sus compañeras y de los 26 hombres de la Guardia Cimarrona que viajaron con ellas para protegerlas, tiene fundamento. Poco a poco el Cauca se ha llenado de acentos pastusos, cachacos y paisas que han llegado preguntando por el oro. Su insistencia ha hecho, como lo reveló en abril el estudio “Contexto minero colombiano y regional del norte del Cauca”, de la Universidad Javeriana (Cali), que esa región se convierta en epicentro minero: a 2012 la Agencia Nacional de Minería (ANM) había otorgado 241 títulos para explorar 350 mil hectáreas. Otras 652 solicitudes estaban en marcha y ese número compromete el 50% del departamento.

Eso, claro, sin contar a quienes extraen desde la ilegalidad. En agosto la Corporación Regional del Cauca (CRC) constató que en 30 de los 41 municipios caucanos había presencia de maquinaria pesada extrayendo oro. Y que además la actividad, tanto legal como ilegal, había dejado 68 muertos en 2014.

Una petición fallida

Hace unas tres semanas, Erley Ibarra, poblador de La Toma, le había dicho a El Espectador que el lío de la minería en su zona se estaba apaciguando. El Ejército, después de más de un mes de insistencia, había destruido cuatro retroexcavadoras que estaban imponiéndose con plomo y miedo en las veredas de Yolombó, El Remolino y el Hato Santa Marta. “Quedaron cuatro, pero al parecer los dueños se habían ido y las habían abandonado”, contaba entonces.

Aquella vez fue necesario que un grupo de académicos de Bogotá y Cali se uniesen para enviar un derecho de petición a los Ministerios, a la ANM, a la Alcaldía, a la CRC, al contralor y a la Policía, para que cumplieran sus promesas del 1º de octubre. El documento lo firmaban, entre otros, investigadores del Instituto Pensar, del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, del Instituto de Bioética de la Javeriana y del Observatorio de Expansión Minera y Resistencias.

“Lo enviamos porque todas las entidades se estaban tirando la pelota sin concretar una solución. Lo que queríamos, como ahora, era que actuaran pronto. ¿Por qué esperar a que el daño esté hecho? ¿Por qué no tomar medidas ya?”, dice Aída Quiñones, profesora de la Javeriana e integrante del Observatorio de Expansión Mineras.
Ya antes, el 20 de septiembre, también le habían escrito al presidente Juan Manuel Santos, poniéndolo al tanto de la situación. “Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico y de las culturas afrocolombianas. Provenimos de distintas partes del mundo y áreas del saber. Nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas y sobre la biodiversidad”.

Sin embargo, desde esa intervención de la Fuerza Pública hace unas semanas, la situación empeoró. Los mineros ilegales, con sus acentos de otras partes, llegaron pisando más fuerte. Llegaron con 17 de esos aparatos que escarban y remueven las aguas, y con fusiles, revólveres y guacharacas (armas de fuego caseras). “¿Y frente a eso nosotros qué podemos hacer?”, se pregunta Alexis Carabalí, líder de esa Guardia Cimarrona que llegó a Bogotá con miembros de hasta 12 y 15 años. “Nada. Solo exigir antes de que este tema se nos salga de las manos. Ahora el río, que antes era como esta carrera séptima, empezó a ganar terreno e inunda hasta los cultivos de caña y plátano. Pero viene sin los bocachicos y los bagres con los que antes llegaba. Solo por eso insistimos: de aquí no nos vamos hasta que las autoridades nos escuchen. Hasta que expulsen a quienes nos quieren sacar de nuestro territorio ancestral”.

Eso, claro, sin contar a quienes extraen desde la ilegalidad. En agosto la Corporación Regional del Cauca (CRC) constató que en 30 de los 41 municipios caucanos había presencia de maquinaria pesada extrayendo oro. Y que además la actividad, tanto legal como ilegal, había dejado 68 muertos en 2014.

Una petición fallida

Hace unas tres semanas, Erley Ibarra, poblador de La Toma, le había dicho a El Espectador que el lío de la minería en su zona se estaba apaciguando. El Ejército, después de más de un mes de insistencia, había destruido cuatro retroexcavadoras que estaban imponiéndose con plomo y miedo en las veredas de Yolombó, El Remolino y el Hato Santa Marta. “Quedaron cuatro, pero al parecer los dueños se habían ido y las habían abandonado”, contaba entonces.

Aquella vez fue necesario que un grupo de académicos de Bogotá y Cali se uniesen para enviar un derecho de petición a los Ministerios, a la ANM, a la Alcaldía, a la CRC, al contralor y a la Policía, para que cumplieran sus promesas del 1º de octubre. El documento lo firmaban, entre otros, investigadores del Instituto Pensar, del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, del Instituto de Bioética de la Javeriana y del Observatorio de Expansión Minera y Resistencias.

“Lo enviamos porque todas las entidades se estaban tirando la pelota sin concretar una solución. Lo que queríamos, como ahora, era que actuaran pronto. ¿Por qué esperar a que el daño esté hecho? ¿Por qué no tomar medidas ya?”, dice Aída Quiñones, profesora de la Javeriana e integrante del Observatorio de Expansión Mineras.
Ya antes, el 20 de septiembre, también le habían escrito al presidente Juan Manuel Santos, poniéndolo al tanto de la situación. “Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico y de las culturas afrocolombianas. Provenimos de distintas partes del mundo y áreas del saber. Nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas y sobre la biodiversidad”.

Sin embargo, desde esa intervención de la Fuerza Pública hace unas semanas, la situación empeoró. Los mineros ilegales, con sus acentos de otras partes, llegaron pisando más fuerte. Llegaron con 17 de esos aparatos que escarban y remueven las aguas, y con fusiles, revólveres y guacharacas (armas de fuego caseras). “¿Y frente a eso nosotros qué podemos hacer?”, se pregunta Alexis Carabalí, líder de esa Guardia Cimarrona que llegó a Bogotá con miembros de hasta 12 y 15 años. “Nada. Solo exigir antes de que este tema se nos salga de las manos. Ahora el río, que antes era como esta carrera séptima, empezó a ganar terreno e inunda hasta los cultivos de caña y plátano. Pero viene sin los bocachicos y los bagres con los que antes llegaba. Solo por eso insistimos: de aquí no nos vamos hasta que las autoridades nos escuchen. Hasta que expulsen a quienes nos quieren sacar de nuestro territorio ancestral”.

Fuente: El Espectador
Autor: El Espectador
Fecha: 26 de noviembre de 2014

Mujeres marchan hacia Bogotá como protesta por explotación minera en el norte del Cauca

Cerca de quince mujeres, en su mayoría cabeza de hogar, salieron hace 15 días del municipio de Suárez, en el norte del Cauca Cauca, con el propósito de caminar hasta Bogotá para exigir a la Corte Constitucional que suspenda la explotación minera que desde el año pasado se viene presentando en su departamento y que amenaza con destruir su entorno ambiental, social y económico.

Francia Elena Márquez, una de las líderes de la protesta, subrayó que estos territorios les pertenecen a las comunidades afrocolombianas desde tiempos ancestrales, cuando sus antepasados fueron traídos en calidad de esclavos.

“Nuestros ancestros lucharon por estos territorios, nos los legaron y ahora nos da mucha tristeza ver cómo se están destruyendo con la minería, cómo se está contaminando y destruyendo el medio ambiente”, dijo la mujer.

Agregó que “se está destruyendo el territorio donde sembrábamos nuestros cultivos, los ríos donde cogíamos nuestros peces y nuestros hijos e hijas se recreaban”.

Por esta razón, este grupo de mujeres ha recurrido a los ministerios del Interior, de Minas y del Medio Ambiente, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría y hasta al mismo Presidente de la República, pero nadie les da una respuesta efectiva de cómo parar esa situación.

Explicó que la explotación minera empezó el año pasado y que actualmente en el norte del Cauca hay unas 32 retroexcavadoras, mientras en el sur, en el Valle del Patía, hay por lo menos 80.

“Esto ha generado un impacto ambiental, social y económico nefasto, porque nosotros trabajamos la minería pero de manera artesanal y conservábamos el equilibrio. Con la batea hemos sacado adelante a nuestras familias, pero ahora esa actividad voraz destruye todo a su paso y amenaza a nuestras comunidades”, reiteró.

Durante el transcurso de la marcha, que salió esta mañana de la capital vallecaucana donde estuvieron todo el día de ayer reunidas con líderes del Distrito de Aguablanca, de la Casa Cultural del Chontaduro, entre otras entidades, se han sumado otras mujeres que han decidido solidarizarse con su situación y sumarse a sus protestas.

“Hoy esperamos llegar a Buga donde nos recibirán otras mujeres, aquí en Palmira hemos recibido la solidaridad de las mujeres de los corteros de caña, y bueno yo creo que ya hay cerca de 40 mujeres marchando hacia Bogotá”, puntualizó Márquez quien también denunció amenazas en contra de líderes y liderazas del norte del Cauca por parte de actores armados.

Sin embargo, dijo que esto no podría impedir que llegaran hasta la Corte Constitucional para exigirle que obligue al gobierno Nacional que cumpla con los autos y sentencias que protegen los derechos de las comunidades y mujeres afrocolombianas, y que solo se han quedado en el papel.

Fuente: El País
Autor: El País
Fecha: 20 de noviembre de 2014

Hasta Bogotá irá marcha contra la minería ilegal

Cansadas de las amenazas, además de la destrucción de sus paisajes, un grupo de 30 mujeres, acompañadas de algunos jóvenes, decidieron emprender una marcha hasta Bogotá.

La razón de su protesta son las 122 retroexcavadoras que ocupan el norte (90) y sur (32) del Cauca.

“La minería ilegal en el sector está acabando con el sector, varios líderes y algunos jóvenes han sido amenazados por los que han llegado a saquear nuestra zona”, manifiesta una de las mujeres que este martes llegaron a Cali, para seguir mañana hacia la capital del país. “Queremos agua, fuera retroexcavadoras”, era una proclama.

Francy Helena Márquez, habitante de Suárez (Cauca) dijo que las autoridades aún no hacen nada al respecto, por lo cual las mujeres decidieron salir a marchar.

“Hoy estaremos en el Distrito de Aguablanca y la Plazoleta de San Francisco, mañana arrancamos hacia Palmira, donde socializaremos con las personas nuestra problemática”, dijo Márquez.

El plan de estas mujeres, es llegar, batea en mano, hasta Bogotá para exigir que se haga algo sobre su situación, razón por la cual familias de la zona se han tenido que desplazar hacia otros municipios. Aseguran que en el camino también se unirán otras personas.

De acuerdo con el Ejército Nacional, en lo que va corrido del 2014 autoridades ha incautado 27 máquinas retroexcavadoras, las cuales han sido destruidas, además de la captura de 17 personas en el mismo lapso de tiempo.

Otras versiones del Ejército, aseguran que el río Ovejas, en Suárez, y el Palo, en Guachené, habrían sido desviados de su cauce alrededor de 150 metros para llevar a cabo labores de extracción ilegal del metal.

En el norte del Cauca, la actividad minera puede sustraer cerca de 30 kilos de oro al mes, lo que se calcula en cerca de 2.000 millones de pesos, según el Ejército, este dinero va destinado a financiar actividades terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública.

“Estamos a favor de la extracción artesanal, más no de esta forma que termina por aniquilar el ecosistema”, dijo Francy Márquez.

Al mediodía, las mujeres llegaron hasta la Universidad del Valle, donde permanecerán hasta hoy, el plan es llegar a Bogotá el próximo 25 de noviembre.

Fuente: El Tiempo
Autor: El Tiempo
Fecha: 18 de noviembre de 2014

Mujeres afrodescendientes marchan en reclamo de agua

Al menos medio centenar de mujeres afrodescendientes marchan este martes en lo que denominan una jornada por la defensa de sus territorios ancestrales.

“Queremos chicha, queremos agua” y ‘Fuera retroexcavadoras del Cauca” son algunas de las consignas, en relación con la actividad minera que afectan los recursos y amplios territorios en esta zona del país.

Se trata de dos colectivos de mujeres que salieron desde Puerto Tejada y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, y se unieron en el sur de Cali para llegar hasta la Universidad del Valle.

La situación afectó la movilidad en el ingreso de vehículos desde Jamundí, Cauca y suroccidente del país, sin que se registraran alteraciones del orden público.

Fuente: ADN Cali
Autor: ADN Cali
Fecha: 18 de noviembre de 2014

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